Con el advenimiento del gobierno de Petro, el país corre el gran riesgo de entrar en una espiral de declive y franca involución, pese a los grandes esfuerzos de la sociedad en las últimas dos décadas.
Y es que los datos son claros: el producto interno bruto (PIB) del país ha crecido sostenidamente, ubicando a Colombia entre las economías con mayor tasa de crecimiento en la OCDE. Incluso cierra la administración Duque Márquez con una tasa inmejorable del 12 % del PIB anual, un dato que la prensa «progresista» permanentemente elude, desestima o intenta criticar de alguna manera.
El argumento principal que se esgrime por parte de las izquierdas, es que el crecimiento nunca se ve reflejado en el mejoramiento de la igualdad. Por esta razón, desde esa óptica estatista se prefiere hablar del coeficiente de Gini donde Colombia tiene un 0.523, muy lejos de la igualdad, lo cual significa que el país se encuentra pesimamente calificado en la diferencia de ingresos entre ricos y pobres.
En palabras del experto economista Jair Viana de Libertank: «el fracaso de los países en la lucha contra la pobreza radica en que los políticos no entienden muy bien este fenómeno y se empeñan en luchar constantemente contra sus causas».
Por eso la intelectualidad estatista introdujo a mediados del siglo XIX la nefasta idea de que una de las causas que explicaría la pobreza es el hecho de que hayan personas muy ricas, es decir, la idea de la lucha de clases. Un argumento que ya ha sido suficientemente rebatido en la academia.
Por eso en el lenguaje fiscal vemos como funcionarios del ejecutivo hablan de «impuestos progresivos» el grabar la riqueza de los más pudientes. Un truco lingüístico para engañar a la opinión pública, como si el eliminar las fuentes de riqueza estuviera relacionado con el progreso. Incluso, estos partidarios de las políticas redistributivas para alcanzar la igualdad, se hacen llamar «progresistas».
Así las cosas, da la sensación de que aquel país que progresa es el que tiene mayor capacidad para ir en contra de los más favorecidos, como si ese hecho per se, fuese una garantía de bienestar para la gente pobre.
Cuando en la práctica es claro, que el beneficiario del recaudo es siempre un amplio y voraz aparato burocrático, muchas veces de corte mafioso, tal como ocurre con los regímenes estatistas de la mayor parte de las economías de rentas bajas y medias.
Al respecto resulta desalentadora la intervención del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo en la asamblea de la ANDI, en donde terminó enrareciendo el ambiente en un escenario donde los industriales colombianos estaban acostumbrados a tener francas, respetuosas y constructivas relaciones con el sector oficial.
Pero que ahora, en la nueva administración Petro Urrego, de corte claramente socialista, el sector industrial sin duda se ha llevado y en adelante seguirá llevándose grandes decepciones.
Ya que en Colombia, y en pro de la erradicación de la pobreza, se impone el modelo de recaudo, gasto público y redistribución de la riqueza, por eso el ambiente entre el sector productivo se deteriora rápidamente, ya que el gobierno, en última instancia, solo termina hablando de impuestos y poco fomento.
Así las cosas, se termina priorizando primero las arcas públicas para el funcionamiento estatal, sobre la fórmula de estimular la función empresarial que genera altos niveles de bienestar. Esa prioridad oficial pudo notarse en la Asamblea de la Andi.
Un modelo que claramente se confronta con el del crecimiento sostenido en el tiempo y la productividad, que de alguna manera sí ha promovido el recién designado director de Planeación Nacional, el Peruano Cesar Ferrari, de perfil favorable al crecimiento.
Sin duda un funcionario destacado, pero que políticamente es de menor rango y de menor importancia que José Antonio Ocampo, en quien el primer mandatario ha puesto todas sus expectativas y confianza en materia fiscal.
Respecto al modelo que prioriza a las empresas, del que Ferrari luce más convencido, Colombia ha venido dando pasos importantes y grandes esfuerzos para salir del atraso productivo.
El país actual, claramente no es el mismo de los años 90, con una importante Inversión Extranjera Directa, con desarrollo del sector servicios, con una mayor cobertura de la población en materia de conectividad, salud, educación y competencias laborales, e incluso en materia de seguridad.
Ese país diferente ha generado círculos virtuosos variados, como el fortalecimiento y la maduración de las instituciones financieras, un clima de expansión comercial, y algunos sectores como el de la construcción, el sector energético, la compra masiva de vehículos, el mejoramiento de la infraestructura en las principales ciudades, en especial en materia de servicios públicos, transporte y cobertura educativa, el incremento de los niveles de bienestar entre la población, las industrias creativas, y por si fuera poco la expansión del turismo, el cual es un importante indicador de avance.
Preocupa entonces que con Petro, todos esos importantes logros empiezan a entrar en riesgo.
Por supuesto, Colombia ha logrado reducir sus niveles de pobreza sin desconocer que los retos aún son grandes.
Por el contrario, si el Estado interventor petrista, con sus políticas públicas, entra a combatir las condiciones que crean riqueza, dándole mayor importancia a fortalecer al sector público, tal como se viene anunciando desde todos los ministerios, la involución del país en los sectores económicos, y en materia social, será inminente.
