El Colegio Colombiano de Juristas expresó su preocupación por la sentencia de primera instancia que impone al expresidente Álvaro Uribe Vélez una condena de 12 años de prisión domiciliaria, señalando que esta decisión judicial “plantea serios interrogantes de relevancia constitucional sobre la observancia de garantías judiciales esenciales en un Estado social y democrático de derecho”.
Aunque reitera su respeto por la independencia judicial como pilar de la democracia y el deber ciudadano de acatar las decisiones judiciales, el gremio de abogados dejó claro que ese respeto “no excluye –y en nuestro caso impone– la obligación gremial de examinar con rigor técnico aquellas providencias que, por su trascendencia, requieren un análisis detallado de su fundamentación y de su impacto sobre los derechos ciudadanos”.
Entre las principales preocupaciones, el Colegio destacó presuntas afectaciones a derechos fundamentales, como la privacidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, la imparcialidad e independencia judicial, la publicidad de las actuaciones, el derecho a la valoración de las pruebas solicitadas por la defensa y la proporcionalidad en la imposición de penas y medidas restrictivas de la libertad.
En relación con el secreto profesional, señalaron que “no es un privilegio, sino una garantía de toda persona a una defensa libre, eficaz e independiente”. Afirmaron que “la Procuraduría General de la Nación advirtió que la interceptación y utilización de dichas comunicaciones vulnera el secreto profesional, el derecho a la intimidad y el debido proceso, principios esenciales para la defensa técnica”. En este sentido, alertaron que su desconocimiento “constituye un retroceso histórico en la protección de los derechos fundamentales y atenta contra la esencia misma de nuestra profesión”.
El gremio jurídico también cuestionó la extensión del fallo judicial, que supera el millar de páginas, al considerar que esto afecta la claridad del proceso. “La claridad, concisión y coherencia no son requisitos accesorios, integran el debido proceso y el principio de publicidad”, indicaron, añadiendo que “una motivación excesivamente prolija, especialmente cuando dedica amplios apartes a validar pruebas cuestionadas en su origen, corre el riesgo de desdibujar el debate central y proyectar una imagen de esfuerzo desmedido por justificar lo objetivamente controvertible”.
Finalmente, el Colegio Colombiano de Juristas confía en que la segunda instancia revise con detenimiento tanto los hechos como las denuncias de posibles vulneraciones a derechos fundamentales, y concluye su pronunciamiento afirmando: “Confiamos en que, en estricto apego a la Constitución, a la ley y a los estándares internacionales, se revisen las pruebas y actuaciones que puedan haberse obtenido o practicado con desconocimiento de derechos, y se restablezca la integridad del proceso”.
