En el marco de análisis de las cuentas de la campaña de la revocatoria de Medellín, el pasado 11 de enero, el Consejo Nacional Electoral le solicitó al comité coordinador, información adicional sobre las cuentas, incluidas algunas subsanaciones.
El 17 del mismo mes, se hicieron presentes en las oficinas del Fondo Nacional de Financiación Pública del CNE el contador Raúl Bautista y la revisora fiscal Sofía León, quienes fueron atendidos por el funcionario Julio Eduardo Bernate.
Allí se presentó el documento con las subsanaciones y se rubricaron las hojas que estaban pendientes por firma, dándose por recibida la información para incluirla en el estudio de las cuentas de la revocatoria.
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Sin embargo, cuando los magistrados emitieron la resolución, afirmando que no era posible emitir la certificación contable por considerar que había irregularidades en las cuentas, no se encontraron, dentro del expediente que estudiaron los magistrados, los documentos anexados y que hacían parte de la subsanación hecha por la campaña de revocatoria en el momento en que fueron pedidas las aclaraciones por parte del CNE.
No se sabe la razón por la cual esta documentación fue excluida del expediente, lo que ocasionó que se ignoraran las explicaciones entregadas por los contadores, sobre todo teniendo en cuenta que ningún magistrado, ni tampoco la sala plena, pueden realizar un informe diferente al que entrega la oficina del Fondo Nacional de Financiación Pública.
Según una fuente confidencial que se comunicó con IFMNOTICIAS.COM, el magistrado César Abreo prácticamente habría obligado a Bernate a que dijera que el informe de las cuentas de la revocatoria tenía inconsistencias, desconociendo la subsanación.
Y esta es la razón por la cual dos magistrados salvaron el voto. De hecho, en el salvamento aclararon precisamente que la resolución del CNE, que se abstiene de entregar los certificados contables, no tuvo en cuenta la subsanación entregada por el comité en pro de la revocatoria de Daniel Quintero.
Tras la resolución emitida por el CNE, el comité «Pacto por Medellín» presentó los descargos, demostrando que la subsanación se realizó de manera adecuada y que no hay razones para no emitir la certificación contable correspondiente.
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Si el CNE actúa en derecho tendría en cuenta estos descargos y emitirían los certificados de los estados contables con el fin de que se pueda llamar a las urnas a los ciudadanos de Medellín.
