La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia para imputar cargos al excanciller Álvaro Leyva, por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de licitación para la fabricación de pasaportes en 2023.
El ente acusador atribuyó al exministro el delito de prevaricato por acción, al considerar que varias de sus decisiones administrativas habrían contrariado el marco jurídico aplicable a la contratación estatal.
El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva, entonces a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró desierta la licitación para un contrato cercano a los 600.000 millones de pesos.
La Unión Temporal Thomas Greg & Sons, encargada histórica del servicio y que había obtenido el mayor puntaje en el proceso, quedó por fuera de la adjudicación tras la decisión del ministro, quien argumentó que buscaba proteger los recursos públicos ante un proceso que, según él, presentaba dificultades que debían revisarse.
La empresa acudió a un intento de conciliación que terminó sin acuerdo y, posteriormente, presentó una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos. Paralelo a ello, la Procuraduría abrió un proceso disciplinario que concluyó con la destitución e inhabilidad de Leyva por diez años, al considerar que la declaratoria de desierta careció de soporte legal y desconoció principios de transparencia, responsabilidad y economía.
En su evaluación, la Procuraduría también analizó la resolución mediante la cual la Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes durante doce meses, medida que permitió un nuevo contrato temporal con Thomas Greg mientras se ajustaban los procedimientos. Ese acto administrativo también fue cuestionado por la entidad de control, que lo consideró contrario a las normas que regulan la contratación pública.
Según la Fiscalía, las actuaciones del exministro habrían configurado un conjunto de decisiones que, en su criterio, no se ajustaron a lo establecido en la ley para un proceso de licitación diseñado para garantizar la personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión y entrega de etiquetas de visa. Entre las pruebas que harán parte de la imputación se encuentran los actos administrativos suscritos por Leyva y los informes del comité evaluador.
Mientras avanza la causa penal, el Gobierno mantuvo en operación el contrato de urgencia hasta abril del próximo año, en tanto prepara el nuevo esquema de producción de pasaportes a cargo de la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal, modelo que se implementaría desde mayo.
El Tribunal Superior de Bogotá fijará la fecha de la audiencia en la que Leyva tendrá que responder por los señalamientos del ente acusador, en un caso que continúa generando repercusiones administrativas, disciplinarias y ahora penales en torno a uno de los contratos más sensibles del Estado.
