Muchas interrogantes, división y controversia a lo largo de la última década, ha suscitado el nombre del grupo empresarial Millicom, con presencia en Antioquia, tras el contrato con UNE-EPM, donde la compañía de telecomunicaciones sueca, obtuvo el 45% de las acciones de UNE.
En un reciente informe empresarial de dicho grupo, se evidencia una importante presencia en el continente en el rubro de las comunicaciones, teniendo destacadas participaciones en mercados de centro y Suramérica, a pesar de esto, es poco lo que la opinion pública conoce acerca de esta multinacional.
Millicom, al ser una empresa con intereses en Antioquia y con presencia en 9 países más de la región, no es tan grande como se pensaría, es sorprendente que en realidad sea una empresa pequeña en el mercado.
En consecuencia un negocio mal hecho, que le reportó reducidos o casi nulos dividendos a UNE en los últimos años, lo que evidencia que desde un principio fue un negocio totalmente inconveniente.
Todo un entuerto legal que ha ocasionado confrontaciones en el Concejo de Medellín, y donde queda claro que vender acciones de patrimonio público tienden siempre a originar problemas, ya que son dos regímenes distintos que terminan haciendo negocios.
Por un lado están los privados con sus cláusulas de cumplimiento y confidencialidad, y por otro las entidades públicas que aunque se acojan a las normas privadas internacionales, siempre tendrán repercusiones en la arena política local.
Negocios mal hechos y disgustos que ha podido ahorrarse la ciudad y la región, de prevalecer la importancia del patrimonio privado frente a los intereses políticos.
Ningún concejal tomaría partido en desgastantes discusiones eternas, ni conflictos de interés en el hemiciclo municipal y durante tantos años, si los servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones desde un principio fueran negocios bajo el control del los empresarios y del capital privado.
Aunque EPM históricamente se ha destacado en temas de calidad, si fuera privada, se tendrían muchas más ventajas para la gente, no sólo por los altos niveles de calidad en la prestación de los servicios que se alcanzan bajo la libre competencia y las reglas del mercado.
Sino también que haría del ecosistema empresarial local, un entorno de compañías mucho más competitivas, menos monopolios y en consecuencia, precios e innovación libres de regularizaciones, de corrupción y de burocracia.
¿Quién dice que sí EPM fuera privada la ciudad no tendría los mejores servicios públicos de Latinoamérica, gracias a la competencia?
Los habitantes de Medellín tendrían mejores precios, no soportaríamos permanentemente monopolios u oligopolios desastrosos como el de Claro o Tigo, que enferman a la gente con su pésimo servicio.
Además que los negocios mal hechos como lo viene siendo este en el caso de Millicom, no tendrían presencia permanente en los titulares de prensa.
Tampoco se daría el caso recurrente, de que empresa a la postre pequeña como ésta, termina imponiéndole sus condiciones a la más importante empresa de los antioqueños; afectando de esta manera intereses y patrimonio público pero donde el público nunca tendrá ninguna injerencia.
Es la empresa privada, y no el negocio estatal, botín de los políticos; lo que garantiza el bienestar.
La venta de UNE sin embargo, no puede realizarse de inmediato, ya que goza de una cláusula de confidencialidad y de protección al patrimonio; frente a una contraparte empresarial que llega con ventajas, al llegar al país regida por las normas del derecho mercantil internacional y privado, jugando más cómodamente en su terreno.
Y es que las empresas privadas de los países más desarrollados aunque no sean grandes como Millicom, encuentran su gran oportunidad en las debilidades institucionales de nuestras democracias para hacer negocio con lo público.
Algo de lo que tanto se quejan en las izquierdas culpando al capitalismo y a las transnacionales, pero sin advertir que el verdadero culpable es el sector público, que con sus tentáculos, sus intereses y sus riñas termina siempre robándose la plata de otros.
Pues este es claramente el caso de esta compañía sueca, que logró desde un principio obtener el control de las acciones de UNE a pesar de no tener la mayoría accionaria
Por eso uno de los mayores inconvenientes que han resaltado en la opinión pública, es que esta compañía con sus cláusulas, no permite que se conozcan, ni salgan a la luz, los términos de negociación que nunca son públicos y que escasamente el alcalde, los concejales y su círculo cercano conocen a fondo.
Constituyéndose en un caso de monopolio del interés público, y de mercantilismo de Estado, donde ganan siempre el político, gana el agente privado internacional experto en negociar con corruptos, y dónde siempre pierde el ciudadano.
Así las cosas llegamos al presente, donde resalta que el alcalde Daniel Quintero tiene un inusitado afán de vender a UNE, a pesar de que los dineros no entrarán hasta dentro de dos años en las arcas de la ciudad.
Por lo tanto no se comprende con claridad el afán del alcalde, lo que da lugar a la especulación obvia de la gente, que pensará que puede haber un tercer agente interesado en la negociación de la venta, y del cuál el alcalde estaría sacando provecho.
Sean ciertas o no estas versiones, este tipo de situaciones siempre ocurren donde las empresas supuestamente son públicas, pero donde solo la casta que ocupa los puestos de mando de la alta política, participa de los negocios.
