En Barranquilla fue capturado el contratista Emilio Tapia, implicado en varios escándalos de corrupción a nivel nacional, entre ellos el conocido caso Centros Poblados. La detención fue realizada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional en la Clínica Altos del Prado, donde el empresario se encontraba por una afección cardiovascular.
La orden judicial fue emitida luego de que el Juzgado 15 de Conocimiento de Bogotá revocara el beneficio de libertad condicional que Tapia había obtenido en abril de este año. Con la decisión, se le ordenó cumplir en prisión las condenas acumuladas por su participación en los casos del carrusel de la contratación en Bogotá y en el contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) con la Unión Temporal Centros Poblados.
El contratista, que permanecía bajo seguimiento médico en la capital del Atlántico, fue requerido por la Dijín para responder a una condena que supera los 12 años de prisión. En el proceso judicial, Tapia fue encontrado responsable de los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
El fallo judicial destacó la gravedad de las conductas atribuidas a Tapia, señalando que su actuación afectó directamente la transparencia administrativa en Bogotá y ocasionó uno de los mayores perjuicios económicos en la contratación distrital. De acuerdo con el despacho judicial, “se socavaron ostensiblemente las arcas del Distrito”, lo que llevó al juez a ordenar su reclusión inmediata.
El nombre de Emilio Tapia volvió a ocupar titulares nacionales tras su vinculación al caso Centros Poblados, escándalo que estalló en 2021 y que involucró la presentación de garantías bancarias falsas para acceder a un contrato por $70.000 millones del MinTIC, destinado a llevar conectividad a zonas rurales del país. La investigación reveló que Tapia recibió más de $6.000 millones del anticipo, de los cuales una parte se destinó al pago de socios empresariales y otra a gastos personales.
El caso derivó en la caducidad del contrato, la salida de la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, y en múltiples investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
La Policía Nacional confirmó que, tras la captura, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá definir el centro de reclusión en el que Tapia cumplirá su condena.
Emilio Tapia, quien en el pasado fue cercano a círculos políticos de poder y cercano a Daniel Quintero, cuando intervino para ser intermediario en las tensiones dentro de EPM y facilitar la designación de Javier Lastra como gerente de Afinia.
Su gestión habría garantizado la participación de Jorge Carrillo, entonces gerente de EPM, en una operación que, de acuerdo con un testigo de la Fiscalía, fue negociada por millones de dólares. Ahora Tapia vuelve así al sistema penitenciario tras múltiples procesos judiciales acumulados por hechos de corrupción que han tenido repercusión nacional.
