En breve pero contundente comunicado, la Cámara Colombiana de infraestructura le hizo un llamado a la Contraloría General de la República, en el sentido de medir las consecuencias de sus fallos.
En el comunicado y al respecto del fallo, proferido recientemente por la Contraloría General de la República, sobre el caso de Hidroituango, que condena en primera instancia a nueve sociedades a desembolsar $4,3 billones por presuntos retrasos y sobrecostos en la ejecución de este proyecto que, valga recordar, generará el 20% de la energía del país, la Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo importantes cosideraciones.
Entre ellas, está la advertencia sobre La seguridad energética del país. Al respecto la CCI advierte que esta “está dependiendo en gran medida del éxito del proyecto Hidroituango” y explica que “en este sentido, el análisis de las autoridades de control no debe perder de vista las consecuencias que se pueden generar para el interés general, en el evento de que el proyecto se paralice o sufra retrasos, por cuenta de que los actuales contratistas sean objeto de medidas que afecten su capacidad para llevar a buen término la hidroeléctrica.“
Para la Cámara Colombiana de infraestructura, “en este escenario, EPM se vería forzada a reabrir un proceso en busca de nuevas empresas, con el músculo para finalizar la ejecución de la megaobra, situación que se constituiría en un retroceso colosal, dado que, en un proyecto de semejante envergadura, el cambio de contratista y la incorporación plena de uno nuevo, puede tomar meses e incluso años“, señala.
En términos reales, lo que dice la CCI es que con este fallo se pone evidentemente en riesgo la seguridad energética del país, que ya tiene un atraso importante y que como lo han repetido varios expertos, de no entrar en operación próximamente al menos dos de las máquinas, el país se vería avocado a traumas energéticos para cubrir la demanda y posiblemente a incrementos en tarifas; las mismas que ya comenzaron a ejecutarse en la costa caribe colombiana, en donde la electricidad subirá en promedio un 43%.
Y es que no sería fácil entregar un proyecto de tales dimensiones sin traumatismos. La advertencia de que la obra podría quedar paralizada mientras entre un nuevo constructor sería mas perjudicial en tiempo y en dinero, superior a los 4 billones que se reclaman y que, de cierto modo, están cubiertos por las pólizas de seguros, por lo que no se explica el fallo de la Contraloría.
Pero volviendo al comunicado de la Cámara Colombiana de Infraestructura, también dicen que “Teniendo en cuenta los imprevistos que surgen habitualmente en proyectos de este nivel de complejidad, es probable la necesidad de nuevos plazos y recursos. En virtud de lo anterior, asuntos netamente relacionados con el campo de lo contractual, como los plazos de ejecución de una obra y los costos, no necesariamente deben calificarse como la causa de un supuesto detrimento patrimonial.“
Es de recordar que EPM es socio de HidroItuango en un 46% y al tiempo es el constructor y que el socio mayoritario es el IDEA y en menor parte la Gobernación de Antioquia, que es a su vez de quien depende el IDEA. La Sociedad creada para HidroItuango y que controla el IDEA, tiene a EPM como el principal responsable de la obra, lo que significa además que ante una reclamación por responsabilidad fiscal, seguramente EPM sería solidaria de lo que no se alcance a recoger entre quienes sean declarados responsables fiscales.
Para la Cámara Colombiana de Infraestructura en su comunicado, “Así las cosas, el gremio de la infraestructura hace un llamado respetuoso a las autoridades de control para que revisen el alcance de sus decisiones y tengan presente el hecho de que su buen tino definirá la suerte de la seguridad energética del país, que al igual que el patrimonio público, son parte del interés general de la nación.”
En términos generales, en el último párrafo del corto comunicado, la CCI hace un llamado a la responsabilidad de las entidades de control con la sociedad colombiana.
