El exsenador Arturo Char fue llamado a juicio por su presunta participación en hechos relacionados con corrupción electoral y compra de votos en el departamento del Atlántico. De acuerdo con la información, el caso se enmarca en una investigación que adelanta la Sala de Instrucción por actuaciones que, según el expediente, habrían tenido lugar en octubre de 2017 y en las que habrían intervenido varias personas vinculadas a una estructura política organizada.
De acuerdo con la Corte, dentro de los hechos se encuentra también la participación de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, quien fue condenada en primera y segunda instancia por el mismo tribunal por conductas asociadas a corrupción electoral. Según los fallos previos, dichas acciones se habrían coordinado desde la sede política conocida como Casa Blanca, donde se habría estructurado un sistema de compra de votos para favorecer determinadas candidaturas.
En septiembre de 2023, la Sala de Instrucción ordenó la captura de Arturo Char como parte del proceso. Sin embargo, posteriormente el exsenador recuperó su libertad mientras avanza la actuación judicial.
Según se indicó, la decisión de llamarlo a juicio se produce tras el análisis de material probatorio recopilado durante la fase de instrucción, que incluye testimonios, documentos y otros elementos que serán objeto de valoración en la etapa de juzgamiento.
De acuerdo con la investigación, el presunto acuerdo delictivo no se habría limitado a un convenio político entre campañas, sino que habría tenido el propósito de asegurar la elección de varios aspirantes mediante mecanismos contrarios a la normatividad electoral. Entre los nombres mencionados se encuentran Aída Merlano al Senado de la República, Lilibeth Llinás Delgado a la Cámara de Representantes y el propio Arturo Char en su aspiración de reelección al Senado.
El caso se centra en la presunta comisión de delitos contra los mecanismos de participación democrática, en particular la compra de votos, que, según la acusación, se habría ejecutado para garantizar el éxito de las campañas mencionadas. Estas conductas, de acuerdo con la Corte Suprema, podrían configurar la existencia de una estructura organizada para influir indebidamente en los resultados electorales en el Atlántico.
Durante esta etapa procesal, el alto tribunal evaluará la responsabilidad individual del exsenador Char frente a los hechos descritos, así como su posible participación en las decisiones adoptadas en el marco de la estructura política señalada. La apertura de juicio implica que la Sala de Juzgamiento analizará a profundidad el material allegado para establecer si existe mérito para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria.
La Corte recordó que el llamado a juicio no constituye una determinación sobre la culpabilidad del procesado, sino un paso procesal que permite continuar con el examen de las evidencias. Asimismo, reiteró que las actuaciones se adelantan bajo los parámetros del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
El proceso continuará con las etapas previstas en la ley, incluidas las audiencias correspondientes y la valoración de pruebas por parte de la Sala Especial de Primera Instancia.
