Por Alberto Escobar Pérez
En el momento crítico que enfrenta el Departamento de Antioquia originado por la pandemia, por el desempleo que se sitúa cercano al 20%, por el grave problema de salud latente debido a la crisis de la EPS Savia Salud y por el creciente número de estudiantes de educación superior que han desertado, entre otros problemas delicados, el nuevamente detenido gobernador Aníbal Gaviria Correa debe RENUNCIAR para defenderse alejado del poder, es lo que mandan los cánones éticos
La Fiscalía nuevamente detuvo al Gobernador Aníbal Gaviria, después de acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia por las presuntas irregularidades en contratación durante las obras de mantenimiento y pavimentación en el tramo La Cruzada-Caucasia de la Troncal la Paz.
El contrato fue suscrito por Gaviria Correa en su primer mandato (2004 y 2007) inicialmente por $41.663’432.778.
“La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”.Cuando fue detenido el año pasado la Fiscalía afirmó que Gaviria Correa incurrió en “los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.
Los líos que rondan al detenido gobernador se incrementan si se tiene en cuenta que la Contraloría de Medellín, decidió abrirle un proceso de responsabilidad fiscal, por el presunto detrimento patrimonial cercano a los 200 mil millones de pesos por los sobrecostos registrados en la construcción de la Hidroeléctrica BONYIC en Panamá.
La investigación fiscal involucra además al ex gerente de EPM, Juan Esteban Calle y a los integrantes de la Junta Directiva de EPM durante la alcaldía de Aníbal Gaviria 2012 – 2015.
En el Auto 352 de 1 de diciembre de 2020 el equipo auditor señala que: “(…) el costo del proyecto Bonyic se incrementó en más de cinco vences, mientras el precio de venta de energía sólo lo hizo en 1.4 veces, situaciones éstas que han generado que la tasa interna del retorno haya involucionado al pasar de cifras cercanas del 10% al 4,4%, con el agravante que el Valor Presente Neto del proyecto se proyecta en un valor negativo de USD 194 millones de dólares (…)”.
Estos dos hechos graves, debieran ser motivo suficiente para el gobernador se hiciera a un lado, pero él insiste en anclarse a la silla dizque por el amor eterno que le tiene a Antioquia.
Ante la gravedad de los hechos considero oportuno enumerar a los ciudadanos algunos de los negocios en los que se ha visto envuelto el controvertido gobernador de Antioquia, quien además ha fungido como alcalde de Medellín.
La mano derecha de Aníbal Gaviria Correa en sus negocios públicos y Privados, Vera Cristina Ramírez López, fue sancionada disciplinariamente por la Personería de Medellín con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años debido a su comprobada participación en la venta irregular del lote 24 de la Plaza Mayorista por una valor inferior a 11 mil millones de pesos del avalúo realizado por el IGAC, y la Contraloría de Medellín la halló responsable fiscal por detrimento patrimonial por 11 mil millones de pesos, le decretó el embargo de sus bienes, pero cuando se fue a cristalizar la medida se encontró que Aníbal ya le había “hecho el favor” de embargarle los bienes a la ex secretaria de su despacho en la alcaldía. En algunos medios políticos se ha conocido que los 11 mil millones de pesos de menos por los que fue vendido dicho lote, fueron compensados en cabeza de los hijos del ex alcalde Gaviria Correa en un lote en un vecino municipio del Valle de Aburrá.
Gaviria Correa avaló, como presidente de la Junta Directiva de EPM, los negocios que encabezó Juan Esteban Calle como gerente de EPM en BONYIC . Otro” negocio” avalado por Aníbal Gaviria Correa y concretado por su gerente de EPM Juan Esteban Calle, es el relacionado con la compra de Aguas de Antofagasta en Chile. Dicha empresa se compró por 965 millones de dólares cuando un estudio indica que valía solamente 400 millones de dólares, en pesos colombianos se pagaron 560 mil millones de pesos de más. En este negocio, también la Contraloría de Medellín encontró otro hallazgo con incidencia fiscal. En la práctica Aguas de Antofagasta se convirtió para los contribuyentes de Medellín en un auténtico “paquete chileno”.
A través de Margarita Ángel Bernal, ex gerente de la EDU, Aníbal Gaviria Correa también es corresponsable de la tragedia inmobiliaria en que se convirtió el Plan Parcial Naranjal. Ángel Bernal acometió el proyecto con el socio privado CASS, para lo cual simuló una convocatoria pública el 21 de marzo de 2013. Convocatoria que Ángel Bernal declaró desierta para firmar el convenio con CASS, una empresa sin experiencia en la construcción de proyectos inmobiliarios y de renovación urbana. La mala reputación de CASS incide en el mal presente del proyecto y en el futuro incierto del mismo. CASS ha estado casado con Odebrech y por estos hechos está en la cárcel Paola Solarte hija de Carlos Alberto Solarte, a quien le otorgaron la casa por cárcel, debido a problemas de salud. Hoy este proyecto es un elefante blanco.
Otro negocio donde aparece comprometido el nombre del ex alcalde de Medellín, tiene relación con la firma de su exgerente de Emvarias, Javier Ignacio Hurtado, de una adición, prorroga y otrosí al contrato No 051 de 2014 de Arrendamiento Operativo suscrito entre Empresas Varias de Medellín y Renting Colombia. Esa firma se estampó el 16 de diciembre de 2015 a 14 días de terminar el mandato de Gaviria Correa.
El objeto del contrato tiene que ver con el arrendamiento operativo de vehículos para la prestación del servicio de aseo por parte de Empresas Varias de Medellín S.A ESP. el valor mensual por arrendamiento de cada vehículo es de $27’520.000 (veintisiete millones quinientos veinte mil pesos), unos $330’000.000 (trescientos treinta millones de pesos) al año aproximadamente, lo que significa que en los siete años de adición de contrato EMVARIAS pagará por vehículo unos $2.310’000.000 (dos mil trescientos diez millones de pesos), mientras el costo por vehículo recolector de basura en el mercado alcanza $550’000.000 (quinientos cincuenta millones de pesos) aproximadamente.
Y ni que hablar del contrato para la operación de cámaras de fotodetección, a cargo de UNE, que generó rechazo de varios concejales que pidieron revocarlo, debido a la manera como en la administración de Gaviria Correa se hizo la ampliación del convenio interadministrativo que lo prorrogó con UNE hasta el año 2025 y agregó 10 otro sí, apuntando a garantizar mayores utilidades para Une y la empresa Quipux, operadora del convenio.
Por obra y gracia de esos arreglos políticos que se hacen, Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias “El cebollero” quien fungió como el máximo distribuidor de licores de la Fábrica de Licores de Antioquia, intentó, con otros inversionistas de la Plaza Mayorista, quedarse con la FLA justo cuando el gobernador de la época, Aníbal Gaviria Correa formalizó la propuesta de privatizarla. En esa oportunidad esa descabellada propuesta fue negada por la Asamblea de Antioquia. En todos los preparativos de venta estuvieron el entonces Secretario de Hacienda departamental Juan Esteban Calle y el gerente de la FLA Javier Ignacio Hurtado.
Con lo dicho es este escrito es pertinente plantear si es razonable que algunas voces apoyen con su aliento a quien aparece involucrado en sospechosos negociados donde claramente se palpa y se huele corrupción.
