El atentado con carro bomba contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali hace una semana, y que dejó seis personas muertas y más de 70 heridas, marcó uno de los episodios más graves de violencia urbana en el país en los últimos años. Aunque para algunos ciudadanos se trató de un hecho sorpresivo, la realidad es que este ataque se suma a una larga cadena de hechos violentos que desde 2023 han sacudido al suroccidente colombiano.
De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, entre 2023 y julio de 2025 se han registrado al menos 245 ataques en departamentos como Valle del Cauca y Cauca, lo que evidencia un patrón sistemático de agresiones contra infraestructura, Fuerza Pública y población civil. Cali, la tercera ciudad más poblada del país, ha sido escenario de ocho atentados en lo corrido de 2025, consolidándose como un objetivo estratégico para los grupos armados ilegales.
Las raíces del conflicto en el valle y el cauca
La violencia en esta región no puede analizarse como una sucesión de ataques aislados. Las disidencias de las FARC, en particular el frente Jaime Martínez del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), han intensificado sus acciones en respuesta a operaciones militares como la Operación Perseo II, que golpeó al frente Carlos Patiño. Además, los atentados suelen coincidir con conmemoraciones simbólicas, como las muertes de jefes insurgentes, lo que revela un uso político del terror como forma de marcar territorio.
El quiebre definitivo en la relación con el Estado se dio en marzo de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral en el Cauca, Valle y Nariño, tras un ataque del Bloque Occidental en Toribío. Desde entonces, las estructuras armadas intensificaron la violencia como mecanismo de presión y de demostración de poder, debilitando la estrategia de la llamada paz total.
Cali centro neurálgico y blanco de los ataques
Cali no es solo la capital del Valle, sino el epicentro urbano del suroccidente. Su localización estratégica la convierte en punto de convergencia de las economías ilegales que operan en Cauca y sur del Valle, como narcotráfico, minería ilegal y extorsiones. Para los grupos armados, golpear a Cali significa visibilidad nacional e internacional, además de un mensaje directo al Gobierno sobre su capacidad de infiltración en grandes ciudades.
Pese a los esfuerzos de la Alcaldía y la Gobernación por reforzar el pie de fuerza y desarticular bandas como los Shottas y los Espartanos, la ciudad sigue siendo altamente vulnerable. En parte, porque las dinámicas criminales desbordan lo local y requieren de un apoyo coordinado del Gobierno Nacional que aún no responde con la contundencia necesaria.
Los desafíos de la estrategia estatal
La FIP advierte que uno de los mayores problemas es la falta de comprensión integral del entramado criminal. No se trata únicamente de disidencias armadas, sino de una red que involucra economías ilícitas, bandas urbanas, corrupción local y redes internacionales de narcotráfico. Sin un diagnóstico preciso de estas interconexiones, cualquier estrategia corre el riesgo de ser reactiva e insuficiente.
El atentado en Cali, como otros ocurridos en Jamundí o el norte del Cauca, evidenció la urgencia de fortalecer la inteligencia y anticiparse a los movimientos de los grupos armados. No basta con capturar cabecillas o aumentar la presencia militar; se requiere un enfoque que combine seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional en las regiones más afectadas.
Pero la sistematicidad de estos atentados y de la violencia en el suroccidente colombiano, también deja en evidencia, la falta de voluntad y decisión del gobierno de Gustavo Petro, para fortalecer a las Fuerzas Armadas y respaldarlas ante las acciones contundentes que deben tener en la zona. Lo que se evidencia es la contradicción, que va desde las políticas de la “Paz Total”, ya fracasadas, mientras que se insiste en procesos de diálogo, que blindan a los cabecillas de las disidencias, quienes terminan siendo intocables, restándole capacidad de operación a quienes deben contener la violencia.
Un panorama de riesgo creciente
El carro bomba en Cali no es solo una tragedia local, sino un síntoma del deterioro de la seguridad en el suroccidente colombiano. Mientras las disidencias del EMC y otros grupos aprovechan el vacío de poder para expandirse, la política de paz total enfrenta serias dificultades de credibilidad y ejecución.
La conmemoración del atentado debe servir como un llamado urgente a replantear la estrategia. Cali, por su peso demográfico y económico, no puede seguir expuesta a esta ola de violencia sin una respuesta clara y sostenida del Estado.
Como concluye Irina Cuesta, investigadora de la FIP, “el desafío es comprender mejor las conexiones del entramado criminal de esta región, para innovar en respuestas eficaces”. Sin esa comprensión, los ataques seguirán multiplicándose, profundizando una crisis que golpea no solo al Valle y al Cauca, sino a todo el país.
