Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha sido testigo de una serie de accidentes aéreos que han involucrado helicópteros militares, cuyas caídas han dejado un saldo devastador de al menos 29 militares y policías muertos. Estos incidentes, lejos de ser aislados, han encendido un debate público sobre la seguridad de las aeronaves militares, la capacidad de la Fuerza Aérea y el manejo de recursos para su mantenimiento. A medida que los accidentes se acumulan, sectores políticos y militares cuestionan abiertamente si el gobierno ha fallado en garantizar condiciones mínimas de seguridad operativa para las Fuerzas Armadas del país.
Una cadena de tragedias que se extiende
El primer accidente registrado en la secuencia que se analiza, ocurrió el 20 de marzo de 2023 en Quibdó, Chocó, cuando un helicóptero militar se precipitó sobre el casco urbano, lo que causó alarma entre los residentes. A pesar de las investigaciones iniciales que atribuyeron el incidente a malas condiciones meteorológicas, surgieron preguntas sobre el mantenimiento adecuado de las aeronaves, dado que en esa misma región se desarrollaban actividades militares rutinarias de combate contra grupos armados ilegales.
Menos de siete meses después, el 15 de octubre de 2023, otro helicóptero se estrelló en el municipio de Anorí, Antioquia, causando daños en una vivienda, lo que dejó a las autoridades locales perplejas por la repetición de este tipo de accidentes. El clima adverso nuevamente fue señalado como el culpable, aunque las voces críticas apuntaban a la falta de inversión en mantenimiento preventivo.
El 5 de febrero de 2024, otro helicóptero militar cayó en la frontera con Panamá, en el departamento del Chocó, una zona conocida por ser de alto riesgo operativo debido a la actividad de grupos armados. El siniestro puso en evidencia que algo no andaba bien con la flota de helicópteros de las fuerzas militares, pues este tipo de incidentes estaban ocurriendo con una frecuencia preocupante.
El 22 de febrero de 2024, un helicóptero de la Policía Nacional cayó en el municipio de Caramanta, Antioquia, resultando en la muerte de cuatro policías. Este accidente conmocionó al país y provocó un fuerte debate en el Congreso sobre la situación de las aeronaves y la falta de ejecución del presupuesto asignado para su mantenimiento.
El 29 de abril de 2024, ocurrió una de las tragedias más devastadoras cuando un helicóptero militar cayó en la vereda Guarapería, en Santa Rosa del Sur, Bolívar, causando la muerte de nueve militares. Este incidente desató una ola de críticas hacia el gobierno por su aparente desinterés en asegurar la integridad de los equipos militares. Varios congresistas denunciaron la falta de mantenimiento adecuado de los helicópteros, apuntando a una gestión deficiente de los recursos asignados para tal fin.
Finalmente, el 29 de septiembre de 2024, un nuevo accidente sacudió a la opinión pública cuando un helicóptero militar cayó en el departamento del Vichada, resultando en la muerte de ocho militares. Este accidente no solo cerró un ciclo trágico para las fuerzas armadas, sino que también incrementó las sospechas sobre la negligencia en el manejo de las aeronaves y la falta de control en los contratos de mantenimiento.
Helicópteros rusos: una flota envejecida y descuidada
La mayoría de los helicópteros accidentados en estos trágicos episodios son de origen ruso, específicamente del modelo MI-17-1V, aeronaves que, aunque robustas y bien adaptadas a operaciones en terrenos difíciles, requieren de un mantenimiento especializado y constante debido a las condiciones operativas en las que son utilizadas. Sin embargo, en los últimos años, y particularmente bajo el actual gobierno, la inversión en mantenimiento y modernización ha sido insuficiente.
El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, denunció tras el accidente del 29 de abril de 2024 que existían irregularidades en los contratos de mantenimiento suscritos con Rusia. De acuerdo con Triana, el gobierno de Petro no ha hecho lo suficiente para asegurar que los helicópteros puedan volar de manera segura. El contrato más polémico, firmado el 28 de enero de 2022 con la empresa rusa Nacional Aviation Services Company S.A. (NASC S.A.), destinado a la recuperación de los helicópteros MI-17-1V, ha estado bajo la lupa debido a la aparición de varias irregularidades.
Según informes de la Procuraduría, el contrato se suspendió en mayo de 2022 debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que dificultó su ejecución. No obstante, se detectó que el 50% del valor del contrato ya había sido pagado de manera anticipada, sin que hasta la fecha se haya completado el mantenimiento de las aeronaves.
Además, la representante a la Cámara, Adriana Carolina Arbeláez denunció que, tras el último accidente en Vichada, el presupuesto asignado para el mantenimiento de estas aeronaves tiene un 0% de ejecución. Este dato ha generado un escándalo en el Congreso y ha motivado una investigación por parte de la Procuraduría, que busca esclarecer qué ha ocurrido con los $118 mil millones de pesos destinados a la seguridad de la flota aérea militar.
¿Por qué siguen cayendo los helicópteros?
Tras cada accidente, el gobierno ha ofrecido explicaciones relacionadas con el mal clima o las difíciles condiciones de vuelo en regiones remotas de Colombia. No obstante, la frecuencia de los incidentes y las dudas sobre la gestión de recursos han alimentado las sospechas de que los helicópteros no están recibiendo el mantenimiento necesario.
A lo anterior se suman las denuncias sobre un posible debilitamiento de las fuerzas armadas bajo la administración de Petro. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ha señalado que el gobierno ha recortado significativamente los presupuestos destinados a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), lo que ha afectado su capacidad operativa. Según Valencia, la FAC no cuenta con suficiente combustible ni armamento, lo que pone en riesgo las misiones de seguridad y defensa del país.
Investigaciones sin respuestas
La Aeronáutica Civil (Aerocivil) ha iniciado investigaciones tras cada accidente para determinar las causas exactas de los siniestros. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las investigaciones ha ofrecido respuestas claras sobre si los accidentes son producto de fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas, o incluso ataques de grupos armados ilegales. Esta falta de claridad ha contribuido a la sensación de incertidumbre y abandono entre los miembros de las fuerzas armadas.
El gobierno ha insistido en que las investigaciones se llevan a cabo de “manera exhaustiva” como lo afirma la Aerocivil, pero la falta de resultados y la repetición de los accidentes deja a la opinión pública con más preguntas que respuestas.
Un panorama desolador
El estado de la flota de helicópteros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional en Colombia es preocupante. La falta de mantenimiento adecuado, los contratos irregulares y las constantes denuncias de mal manejo de los recursos públicos han creado un panorama desolador para los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes se ven obligados a operar en condiciones de riesgo constante.
Mientras tanto, las familias de los 29 militares y policías fallecidos en estos accidentes siguen esperando justicia y respuestas. Las palabras de los congresistas y las investigaciones en curso han puesto de manifiesto la gravedad de la situación, pero la pregunta que todos se hacen es: ¿cuántas vidas más tendrán que perderse antes de que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad aérea de las fuerzas armadas?