La denuncia del concejal Alejandro de Bedout, que acusa al gobierno de Gustavo Petro de incumplir sus compromisos financieros con Medellín y Antioquia, pone en evidencia un problema recurrente: la falta de transferencia de recursos para proyectos clave de infraestructura en Antioquia y su capital. En esta ocasión, el foco está en el Metro de la 80, una obra fundamental para la movilidad y el desarrollo urbano de Medellín, obra sobre la que el Gobierno Nacional, tiene compromisos.
Los retrasos que paralizan un proyecto estratégico
Según los acuerdos establecidos, el Gobierno Nacional debía iniciar los desembolsos comprometidos en 2024 mediante vigencias futuras por un monto total de $483 mil millones. Sin embargo, hasta ahora, el Distrito no ha recibido los recursos pactados, lo que pone en riesgo el cronograma del proyecto.
Los retrasos son evidentes y significativos:
$255 mil millones: Aprobados desde julio, pero no transferidos por el Ministerio de Hacienda, pese a que deberían estar en el encargo fiduciario del proyecto.
$128 mil millones: Bloqueados por trámites burocráticos en el Ministerio de Transporte, que no ha aprobado los requisitos técnicos radicados desde julio.
$99 mil millones: Radicados en septiembre ante el Ministerio de Transporte, pero aún pendientes de desembolso.
Mientras tanto, la Alcaldía de Medellín ha desembolsado más de $130 mil millones de fondos propios para mantener el proyecto activo. Sin embargo, el alcance de estas inversiones es limitado y no podrá sostener el avance de las obras sin los recursos nacionales comprometidos. Además, la falta de los desembolsos impide activar el crédito aprobado con entidades bancarias, lo que podría derivar en sobrecostos y mayores riesgos financieros.
El impacto en Medellín y Antioquia: ¿negligencia o indiferencia?
El Metro de la 80 no es solo un proyecto de movilidad; representa un pilar para el desarrollo urbano, la sostenibilidad y la modernización de Medellín. Cada retraso en su ejecución compromete no solo su viabilidad financiera, sino también la confianza en las alianzas entre el gobierno local y nacional.
Los argumentos del concejal de Bedout reflejan una percepción de desinterés por parte del Gobierno Petro hacia Antioquia. Si bien esta afirmación puede interpretarse como una postura política, los hechos respaldan una desconexión entre las prioridades locales y nacionales. La pregunta clave es: ¿es esto negligencia administrativa o una decisión consciente de postergar proyectos estratégicos en la región?
El contexto político tampoco ayuda. Las tensiones entre el Gobierno Nacional y los líderes locales de Antioquia, históricamente críticos de la administración Petro, alimentan un ambiente de polarización. Sin embargo, el costo de esta falta de coordinación lo paga la ciudadanía, que ve cómo proyectos esenciales quedan en el limbo.
No es la primera vez que el Gobierno de Gustavo Petro incumple a sus compromisos. Ya lo ha padecido Antioquia con el Túnel del Toyo y otras obras esenciales para activar la vía hacia Urabá.
¿Qué está en juego?
El Metro de la 80 no solo es una necesidad para Medellín, sino también un símbolo de cómo las grandes obras pueden transformarse en víctimas de la burocracia y los conflictos políticos. Si los recursos no llegan pronto, el proyecto enfrentará mayores costos, retrasos significativos y un impacto en la credibilidad de los acuerdos interinstitucionales.
El incumplimiento con Medellín y Antioquia, más allá de las críticas políticas, representa un desafío mayor: la urgencia de priorizar la infraestructura como eje del desarrollo nacional, independientemente de las diferencias políticas o regionales.