La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de reactivar la investigación sobre presuntos sobornos en la compra de aviones Gripen para la Fuerza Aérea Brasileña ha cambiado por completo el contexto con el que varios países observan las adquisiciones de alto valor estratégicamente sensibles. La solicitud formal de información hecha al fabricante sueco Saab no solo impactó sus acciones en bolsa, sino que volvió a poner bajo revisión contratos que habían sido firmados hace más de una década. En Colombia, donde el Gobierno avanza en un acuerdo para adquirir 17 aviones de la misma línea, el precedente brasileño se convierte en un elemento central en el debate público.
La comparación entre los dos países no implica necesariamente similitud de condiciones, pero la coincidencia temporal entre la investigación estadounidense, el antecedente judicial en Brasil y las inquietudes que se han planteado en el entorno colombiano genera un escenario inevitable de revisión y escrutinio.
Un antecedente que pesa. El recorrido judicial del caso brasileño
La compra de 36 aviones Gripen por parte de Brasil en 2014 permanece como uno de los procesos de adquisición militar más controvertidos en la región. El contrato, firmado durante el gobierno de Dilma Rousseff, aumentó su valor aproximadamente en mil millones de dólares entre la etapa preliminar de negociación y la firma definitiva. Esa variación llamó la atención de investigadores brasileños, que terminaron abriendo la llamada Operación Zelotes, donde se denunciaron posibles actos de tráfico de influencias y lavado de dinero relacionados con la decisión final del Gobierno.
Aunque el Supremo Tribunal Federal suspendió los procesos penales por irregularidades en los métodos de obtención de pruebas, el caso generó cuestionamientos sostenidos que terminaron involucrando al entonces expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su hijo y a representantes de la agencia de lobby que consultó para Saab. Incluso autoridades suecas participaron en diligencias judiciales, en un proceso transnacional que evidenció el alcance global de una compra militar de esta magnitud.
La decisión del Departamento de Justicia estadounidense de solicitar información adicional implica que, a su juicio, aún existen elementos por aclarar sobre la eventual participación de subsidiarias con actividad en territorio estadounidense. Saab confirmó que colaborará plenamente, lo que reactivó los análisis en otros países donde el fabricante adelanta o negocia contratos similares.
Colombia bajo escrutinio. Un contrato costoso que pide claridad
Colombia negocia la adquisición de 17 aviones Gripen E/F para reemplazar su flota de Kfir, en un proceso que sería la inversión en defensa más costosa en décadas. El valor estimado supera los 240 millones de dólares por avión, una cifra que contrasta fuertemente con el precio por unidad pagado por Brasil, que rondó los 135 millones. La diferencia ha sido uno de los temas más sensibles en el debate político y técnico, en particular porque el Gobierno colombiano no ha divulgado el detalle completo de los componentes incluidos en el valor final.
Expertos en compras de defensa consultados por IFMNOTICIAS, sostienen que los contratos suelen incluir entrenamiento, mantenimiento, simuladores, armamento y transferencia tecnológica, lo cual puede elevar los costos. Sin embargo, la brecha entre ambos países es tan significativa que varios sectores han solicitado explicaciones públicas sobre el cálculo final. Un contrato militar de esta magnitud, sin divulgación detallada, deja un campo amplio para cuestionamientos que en cualquier democracia deben ser tramitados con transparencia.
Este escenario tomó mayor fuerza tras los reportes del diario sueco Expressen, que describió actividades sociales de Verónica Alcocer en Estocolmo durante el periodo en que la negociación entre Colombia y Saab avanzaba y donde aún se mantiene. Aunque el reportaje no establece vínculo alguno entre estas actividades y el contrato, el hecho de que Alcocer permanezca en la lista OFAC incrementó el nivel de análisis público y generó discusiones políticas internas sobre de dónde sale el dinero para pagar el costoso nivel de vida de Alcocer en Estocolmo.
Ninguna autoridad ha señalado irregularidad alguna ni existe investigación oficial sobre este punto, pero sí ha aumentado la exigencia para que el Gobierno entregue un informe detallado de los costos y procedimientos del contrato, dejando en el aire, si Saab ha pagado algún soborno al Gobierno Petro como se investiga por parte de EE.UU. en la negociación con Brasil.
Movimientos de Estados Unidos y presión internacional
El antecedente brasileño obligó a juristas y congresistas en Colombia a considerar la posibilidad de que el Departamento de Justicia revise el contrato colombiano, como ya lo hizo con Brasil. Aunque no existe anuncio oficial en ese sentido, sí se han presentado solicitudes formales para que Estados Unidos evalúe si alguna filial involucrada en la negociación habilita la competencia del DOJ bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
De darse una revisión, Colombia tendría que responder mediante mecanismos de cooperación institucional, lo cual podría afectar los tiempos y las condiciones de la negociación. Esto no implica que haya sospecha directa sobre la compra colombiana, sino que deja en claro que contratos de esta magnitud, especialmente cuando involucran proveedores ya investigados, pueden activar vigilancia adicional en entornos internacionales.
La tensión también se extiende al campo diplomático. Las relaciones con Suecia han sido fluidas en materia de cooperación industrial, pero una revisión desde Estados Unidos podría modificar el escenario. Saab es un proveedor estratégico europeo y cualquier solicitud del DOJ puede reconfigurar la manera en que los Estados operan contractualmente con sus empresas, más aún cuando estas empresas tiene. Filiales en Estados Unidos o parte de los componentes de sus productos finales son norteamericanos.
Los riesgos internos. Política, gobernabilidad y control fiscal
Dentro del país, el contrato Gripen se convirtió en un tema altamente sensible. El Gobierno lo ha defendido como una necesidad urgente para modernizar la Fuerza Aérea, pero la oposición insiste en que el costo exige una revisión exhaustiva por parte de los organismos de control.
El debate se produce en un momento en el que el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos de otros frentes, incluida la situación fiscal, investigaciones políticas y tensiones en su coalición. Un contrato de adquisición militar con un valor tan alto y sin desglose público puede convertirse en un punto de presión que afecte la gobernabilidad en el Congreso, donde el Gobierno necesita mayorías para avanzar en sus reformas y justo, en época electoral.
Desde el punto de vista institucional, se espera que la Contraloría General y otros organismos de control, revisen los contratos y compromisos financieros asociados. Esta vigilancia será clave para determinar si los valores del acuerdo se ajustan a los criterios de costo-beneficio y si se respetaron los procedimientos de selección.
La comparación clave. Un precio que exige justificación técnica
La diferencia entre el costo del Gripen para Brasil y el proyectado para Colombia es el eje central del escrutinio. Aunque cada contrato incorpora condiciones específicas, el aumento porcentual es demasiado amplio para que no genere inquietudes. En casos de compras militares, la mejor defensa institucional es la documentación completa, con soporte técnico detallado y explicaciones que puedan ser verificadas públicamente.
Esta claridad es aún más importante cuando existe un precedente de investigación internacional sobre el mismo proveedor y la misma línea de aeronaves. La transparencia se convierte, entonces, en el principal insumo para frenar la incertidumbre.
Expertos señalan que es importante resaltar que en medio del escrutinio a un posible pago de coimas o de sobre precio para obtener flujo de dinero dirigido, como formas de corrupción en medio de este contexto; esta la insistente defensa de Petro señalando que no se le compró los aviones a Estados Unidos porque estos eran de segunda mano, como lo ha afirmado en alocuciones que parecen defensa gratuita, ante alguna posible retaliación norteamericana, en los pésimos momentos que viven las relaciones Trump-Petro.
El desafío de la transparencia en un contrato decisivo
La modernización de la Fuerza Aérea Colombiana, o Fuerza Aeroespacial, es un objetivo legítimo y estratégico. Sin embargo, la magnitud del contrato Gripen hace indispensable que el país reciba explicaciones completas sobre los costos, los beneficios, la estructura del acuerdo y los criterios que sustentan la selección. El antecedente brasileño no determina que haya irregularidades en Colombia, pero sí demuestra que estos contratos pueden ser objeto de vigilancia internacional años después de ser firmados.
Colombia tiene la oportunidad de evitar un escenario futuro de sospechas o revisiones externas mediante un ejercicio de transparencia integral. El escrutinio no es un obstáculo para la defensa nacional; es una garantía para que la inversión más costosa de los últimos años se sostenga sobre fundamentos sólidos, verificables y a la altura de la responsabilidad pública.
