El procurador general de ese país, Luis José Landim, confirmó que su país no tiene ninguna obligación de cumplir la orden de un tribunal africano.
Luis José Landim se refirió a la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la que pertenece Cabo Verde, de PONER EN ARRESTO DOMICILIARIO al empresario colombiano SAAB detenido por ser presunto testaferro del dictador venezolano NICOLÁS MADURO.
El Tribunal de Justicia dictaminó el pasado 30 de noviembre que este país insular de África occidental debe poner de inmediato bajo arresto domiciliario a Saab, detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio a petición de Estados Unidos, que ha solicitado su extradición por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
El empresario —que lleva en prisión preventiva desde el 14 de junio— alega problemas de salud que requieren la atención de un médico fuera de la cárcel en la que está recluido, por lo que el Tribunal de la CEDEAO pidió que se le conceda la detención domiciliaria para tener acceso a su familia, doctores y abogados
Sin embargo, Landim aseguró este viernes, tras reunirse con el presidente caboverdiano, Jorge Carlos Fonseca, que su país no ha ratificó el protocolo que otorga jurisdicción al tribunal en casos de derechos humanos, informaron hoy medios locales.
“Cuando hablé de eso, dije que tenía algunas dudas. Pero ahora estoy seguro. Cabo Verde no ha ratificado este protocolo que otorga jurisdicción al Tribunal de la CEDEAO en materia de derechos humanos”, dijo a la prensa, tras abordar ese asunto con Fonseca.
El tribunal, con sede en Abuya (Nigeria), tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.
Landim insistió en que “no hay base legal” para la aplicación del fallo del tribunal comunitario. “Si el tribunal no tiene jurisdicción, no puede decidir sobre este tema”, concluyó el procurador general.
El fiscal agregó que el caso de Saab seguirá sus trámites legales en Cabo Verde, estando el Ministerio Público a la espera de la decisión de la Justicia sobre su extradición a Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones de Barlovento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, ya se negó el martes a acatar la orden del Tribunal de la CEDEAO con el mismo argumento esgrimido por el procurador general.
