El Sexto Encuentro de Centros de Historia del Occidente Antioqueño y Urabá expresó una profunda preocupación por la situación que enfrenta uno de los bienes arquitectónicos más representativos de Sopetrán. Se trata de la antigua Casa de la Cultura Humberto Jiménez Tavera, antes conocido como el hospital de caridad San Juan de Dios, una construcción republicana que forma parte esencial de la identidad del municipio.
El colectivo de historiadores rechazó de manera contundente la demolición que comenzó recientemente, adelantada mediante el contrato interadministrativo CIA 045 de 2025, ejecutado, según denuncian, sin la planificación, los estudios técnicos ni la participación ciudadana requerida para intervenir un Bien de Interés Cultural (BIC).
Las organizaciones que participan en el encuentro insistieron en que las intervenciones se realizaron con maquinaria pesada sin medidas de seguridad adecuadas, poniendo en riesgo no solo la integridad del inmueble patrimonial sino también la seguridad de trabajadores, peatones y habitantes del sector. La demolición parcial avanzó sin que se elaboraran o aprobaran Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) ni otros instrumentos técnicos obligatorios al tratarse de un bien protegido por normativas municipales y departamentales.
La antigua Casa de la Cultura está clasificada como Bien de Interés Cultural local según el Esquema de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 12 de 2007), al encontrarse dentro de la Zona de Conservación de la Calle 9. En paralelo, el Consejo Departamental de Patrimonio y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia habían iniciado procesos para reconocer este conjunto arquitectónico como patrimonio del departamento.
La comunidad sopetranera ha identificado durante décadas esta edificación como un punto de encuentro social, cultural y educativo, lo que ha quedado en evidencia en las manifestaciones ciudadanas que se han extendido desde el 10 de noviembre para exigir que cese su demolición.
Los historiadores enfatizaron que la intervención de un inmueble patrimonial debe realizarse únicamente después de agotar las opciones de restauración y protección, lo que incluye estudios estructurales, planes de salvaguarda y aval de las autoridades competentes. Este procedimiento, recalcaron, no se cumplió en Sopetrán. También señalaron que cualquier acción que implique afectar un BIC debe contar con el consentimiento del concejo municipal y la participación activa de la ciudadanía mediante mecanismos formales.
El pronunciamiento del Encuentro de Centros de Historia incluyó una serie de solicitudes dirigidas a la alcaldesa de Sopetrán, Tatiana Alexandra Carvallo, y a la gerente de la ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún, Ana María García, en cuyas decisiones recae la continuidad del proceso. El colectivo pidió, en primer lugar, respetar la legislación nacional que regula la intervención del patrimonio cultural, incluyendo la Ley 397 de 1997, la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015. Estas normas obligan a proteger bienes reconocidos como patrimoniales y a someter cualquier intervención a un estricto control técnico.
El comunicado también recordó que los conceptos emitidos por el Consejo Departamental de Patrimonio tienen plena validez técnica y legal, y no pueden ser desconocidos por autoridades municipales o departamentales. En este sentido, los historiadores insistieron en que la Alcaldía debe acatar las decisiones del Consejo, incluidas las solicitudes de suspensión de la demolición.
Asimismo, llamaron la atención sobre la aplicación del Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016), que obliga a las autoridades a impedir daños o destrucción del patrimonio cultural. Señalaron que bajo ninguna circunstancia puede desatenderse el rol de la Inspección de Policía ni de la Policía Nacional cuando se trata de proteger bienes patrimoniales.
El colectivo también pidió abrir espacios de diálogo con la ciudadanía sopetranera, considerando que ha sido la comunidad quien ha liderado la defensa del inmueble. Propusieron crear una mesa técnica que reúna a expertos, autoridades y habitantes para discutir alternativas de restauración y definir los pasos para garantizar la conservación del edificio.
Otro punto crítico señalado en el pronunciamiento es la protección del patrimonio arqueológico encontrado en el lugar. Entre los hallazgos se mencionan una vasija prehispánica y un molino de piedra manual, además de un sistema subterráneo de túneles que atraviesa el casco urbano y que estaría asociado a distintos periodos históricos, desde la ocupación indígena hasta su uso como leprosorio. Los historiadores solicitaron garantizar la protección de este material y reportarlo ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), como exige la ley.
Finalmente, exigieron la suspensión inmediata del contrato CIA 045 de 2025 y la adopción de medidas urgentes para evitar un deterioro mayor de las estructuras expuestas por la demolición parcial. Entre las acciones solicitadas se incluyen la instalación de cubiertas temporales para evitar filtraciones por lluvia, la protección de elementos en madera y el apuntalamiento de muros en riesgo. De igual forma, pidieron salvaguardar todos los elementos arquitectónicos recuperables, como tejas, puertas, ventanas, retablos, piezas de madera y elementos decorativos.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la defensa activa del patrimonio de Sopetrán, recordando que la pérdida de esta edificación representaría no solo un daño material, sino un golpe profundo a la memoria histórica y cultural del municipio y de la región.
