La Asociación de Laboratorios de Investigación y Desarrollo (Afidro) y el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) presentaron un análisis que describe la crisis financiera y operativa del sistema de salud colombiano.
El documento, titulado La ruta de la salud para el futuro del país, expone datos que, según las entidades, muestran que la estructura actual no garantiza sostenibilidad ni acceso oportuno a medicamentos y servicios, y pone sobre la mesa tres propuestas para el próximo gobierno.
Ignacio Gaitán, director ejecutivo de Afidro, abrió la presentación recordando episodios de congestión en servicios ocurridos a comienzos de año y sostuvo que las cifras disponibles evidencian una coyuntura crítica.
Según el informe, el costo de la atención ya supera la capacidad de pago del sistema: por cada 100 pesos que reciben las EPS, deben gastar 108. Proesa calcula que la desfinanciación acumulada rebasa los 27 billones de pesos y relaciona ese déficit con el aumento de tutelas, demoras en la atención y mayores gastos de los hogares para adquirir medicamentos.
El estudio señala que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se calcula con información incompleta. Para 2024, el Gobierno descartó más del 60% de los registros disponibles y solo tuvo en cuenta datos de cuatro EPS que representan una cuarta parte de la población afiliada.
Para los autores del documento, esa base técnica insuficiente ha contribuido al deterioro financiero del sistema y exige una revisión metodológica urgente. Entre las recomendaciones figuran el rediseño de la fórmula, la conformación de una mesa técnica nacional y la creación de un fondo de saneamiento para atender deudas históricas.
La segunda propuesta se centra en el Invima. De acuerdo con el análisis, la entidad acumula más de 12.000 trámites pendientes, una baja digitalización y limitaciones presupuestarias.
Afidro aseguró que estas demoras afectan tanto la llegada de medicamentos innovadores como la producción local, y cita estimaciones que atribuyen al rezago regulatorio un impacto anual negativo en crecimiento económico y empleo. Para enfrentar estos problemas, plantean una digitalización total, mecanismos de confianza regulatoria y la conformación de una nueva comisión revisora científica.
La tercera línea de acción propone adoptar acuerdos basados en valor para facilitar el acceso a medicamentos innovadores sin comprometer la sostenibilidad. El documento indica que un paciente con cáncer puede esperar hasta cinco años desde la aprobación de un tratamiento hasta su disponibilidad en el plan de beneficios. Según Afidro y Proesa, los acuerdos de riesgo compartido permitirían que el sistema pague según el valor demostrado por cada tecnología.
Gaitán insistió en que las propuestas buscan orientar decisiones durante los primeros meses del próximo gobierno y subrayó que la discusión debe centrarse en evidencia técnica. Afidro y Proesa concluyen que, entre agosto y diciembre de 2026, el país tendrá que tomar decisiones que definan si el sistema recupera estabilidad o si las fallas actuales continúan profundizándose.
