En un decreto emitido por la Alcaldía de Medellín a principios de año quedó claro que parte de las determinaciones que se toman en las Juntas de Acción Local, (JAL) y que tienen que ver con las decisiones del presupuesto participativo de la ciudad quedaba en manos de personas afines al gobierno de turno llevando a que los territorios pierdan la autonomía que tenían para presentar proyectos que puedan ser votados para determinar la destinación de los recursos resultado del presupuesto participativo, así como lo explica el edil Esteban Salazar.
Y es que el sistema planteado por Daniel Quintero en el decreto emitido en enero, no solo desconoce las normas a través de las cuales se crearon las JAL sino que limita el accionar de los ediles con el único fin de limitar la acción de estas entidades territoriales, cuyos representantes son de elección popular, según decreto número 0146 de 2022.
Ante esta situación unos ediles decidieron demandar, pidiendo la nulidad del decreto, demanda que fue admitida por los entes judiciales que deberán determinar si dicho decreto de Quintero Calle cumple con los requisitos de ley o simplemente lo deroga por ilegal.
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