Con la firma de doce países, concluyó en Bogotá la Conferencia Ministerial de Emergencia sobre Palestina, espacio convocado por el Gobierno colombiano con el objetivo de promover acciones jurídicas frente a la ofensiva militar de Israel en Gaza.
En la declaración final se establecieron seis medidas orientadas a restringir el apoyo logístico, comercial y armamentista hacia Israel, así como mecanismos para garantizar investigaciones judiciales por crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado.
Durante el acto de clausura, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a detener las exportaciones de carbón desde Colombia hacia Israel. Aseguró que, pese a un decreto firmado en 2024 para frenar esos envíos, multinacionales como Drummond y Glencore continúan abasteciendo a ese país desde el norte del territorio nacional.
En ese contexto, planteó que “Glencore y Drummond están llevando el 60% del carbón que necesita Israel”, y agregó que no desea seguir exportando carbón ni gas desde Colombia.
Además, el jefe de Estado cuestionó el rol del país como socio global de la OTAN, figura que mantiene desde 2018 “¿Qué hacemos en la OTAN nosotros?”, preguntó durante su intervención, e insinuó la necesidad de buscar una nueva alianza militar. Señaló que “acá no pueden llegar armas israelíes y están llegando” y pidió explicaciones al Ministerio de Defensa por estos ingresos.
En cuanto al resultado de la conferencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, presentó las medidas suscritas por Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica.
Las acciones incluyen:
- La prohibición del suministro de armas, municiones, combustible y artículos de doble uso a Israel
- Restricción al tránsito y atraque de buques relacionados con ese país
- La revisión de contratos públicos que pudieran estar vinculados con la ocupación de territorios palestinos.
También se acordó respaldar investigaciones judiciales independientes bajo el principio de jurisdicción universal, con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes cometidos en el contexto del conflicto.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, instó a los Estados firmantes a mantener su postura y continuar defendiendo los principios del derecho internacional. La conferencia, que se desarrolló durante dos días, fue también escenario del posicionamiento del denominado Grupo de La Haya, que calificó como “genocidio” las acciones de Israel en Gaza.
La reunión contó con delegaciones de 32 países, incluidos Argelia, Bangladesh, Botsuana, Brasil, Chile, China, Djibouti, Egipto, Eslovenia, España, Honduras, Indonesia, Irak, Irlanda, Líbano, Libia, Malasia, México, Namibia, Nicaragua, Noruega, Omán, Pakistán, Palestina, Catar, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Turquía, Uruguay y Venezuela.
Sin embargo, solo 12 firmaron el documento final, los países que no suscribieron el texto no se han pronunciado oficialmente sobre su decisión.
Así mismo, Petro evocó el 19 de abril como fecha de rebelión tanto en la historia palestina como en la venezolana, y lo relacionó con movimientos de resistencia global. “Eso nos junta como pueblos del mundo que nos hemos levantado en rebeldía porque queremos ser demócratas y libres”, expresó.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, reconocido por la ONU, desde el inicio de la escalada militar en octubre de 2023 han muerto más de 58 mil personas y se registran más de 138 mil heridos. Estos hechos se desarrollan en respuesta al ataque del grupo extremista Hamás en Israel, que dejó mil personas muertas y mantiene a diez secuestrados, entre ellos un ciudadano colombo-israelí.
La declaración conjunta de la conferencia llama a los demás Estados miembros de la ONU a sumarse a las medidas adoptadas y a promover acciones que, desde el marco legal internacional, contribuyan a detener la violencia en el territorio palestino.
