El Congreso de la República se prepara para dar inicio al primer debate del controvertido proyecto de ley de jurisdicción agraria, una iniciativa que ha generado preocupación en amplios sectores del país debido a artículos que, según críticos, podrían abrir la puerta a una “expropiación exprés”.
Con mensaje de urgencia, esta propuesta busca establecer un sistema judicial especializado para resolver conflictos sobre la tierra, un tema central en la agenda del gobierno de Gustavo Petro, que insiste en la necesidad de una reforma agraria estructural.
El artículo 4 del proyecto fue uno de los puntos más polémicos. Este establecía que las actividades de reforma agraria y desarrollo rural serían consideradas de utilidad pública e interés social, lo que, según analistas, podría justificar la expropiación de tierras más allá de los límites establecidos en la Constitución, como ocurre actualmente en casos de obras públicas.
Sin embargo, tras intensas negociaciones, los ponentes y el Gobierno llegaron a un acuerdo para eliminar esta referencia. “El acuerdo fue eliminar cualquier referencia a la utilidad pública y al interés social en este numeral. Los colombianos deben tener plena seguridad de que así no se amplían las causales de expropiación de bienes rurales y agrarios”, aseguró una fuente cercana al proceso.
Invasiones de tierras: un tema delicado
Otro artículo que encendió alarmas fue el 12, relacionado con las invasiones de tierras. Inicialmente, este buscaba proteger la tenencia y posesión agraria para fines productivos, pero se temía que pudiera amparar invasiones ilegales.
El nuevo acuerdo establece que únicamente se protegerán posesiones o invasiones pacíficas, realizadas sin violencia, de manera pública y sin afectar derechos de terceros. Este ajuste busca equilibrar la defensa de la soberanía alimentaria y la seguridad jurídica para los propietarios.
La Agencia Nacional de Tierras bajo la lupa
El tercer punto de negociación se centró en las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según el texto original, la ANT tendría amplias facultades para procesos como extinción de dominio, clarificación de propiedad y recuperación de baldíos.
El acuerdo parcial alcanzado delega la extinción de dominio exclusivamente a los tribunales agrarios, mientras que la recuperación de baldíos estará sujeta a un control judicial automático, incluyendo la posibilidad de medidas cautelares. Sin embargo, algunos sectores de la oposición han anunciado proposiciones adicionales para limitar aún más estas facultades.
Los avances en los acuerdos se producen mientras el presidente Petro insiste en la importancia de aprobar normativas que impulsen su proyecto de reforma agraria. Desde su llegada al poder, el mandatario ha buscado priorizar una redistribución equitativa de la tierra como pilar de su política social y económica.
No obstante, las concesiones logradas en el proyecto de jurisdicción agraria reflejan las tensiones entre las metas del Ejecutivo y las preocupaciones de diversos sectores sobre la protección del derecho a la propiedad.
