La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) alertó este martes del riesgo que representa para el país un “inminente desfinanciamiento del sistema de salud” para 2023 por recortes en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Según ese gremio, el riesgo se debe a que la ministra de Salud, Carolina Corcho, planteó en el Congreso colombiano una reducción de la asignación de recursos adicionales para el próximo año, que pueden bajar de 8,1 a 3,8 billones de pesos (de 1.829 a 858 millones de dólares de hoy).
“Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último la mayor preocupación que tenemos”, advirtió la presidenta ejecutiva de Acemi, Paula Acosta.
La ejecutiva también recordó que dejar sin financiación los títulos de aseguramiento dentro del Presupuesto General de la Nación supone un problema estructural que involucra a hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, trabajadores del sector de la salud y aseguradores.
“El efecto en cadena afecta sobre todo a los millones de usuarios de este Sistema, que al día presta cerca de 2,2 millones de atenciones”, explicó.
Además de lo anterior, dijo Acosta, se estima que durante el próximo año seguirá creciendo el uso de servicios de la salud por tendencias como el envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías y el poscovid, “que sumados a la inflación, devaluación e incremento del salario mínimo, generan aumentos en costos de atenciones de salud”.
Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, manifestó que “todos los objetivos que plantea el gobierno nacional para el sistema de salud son más fáciles y rápidos de lograr con las EPS. Adicionalmente a eso, el querer mandar el dinero y la coordinación de los servicios de salud a las entidades territoriales, nos parece exponer ese derecho fundamental a la politiquería local, a una dinámica que no es necesaria”.
Gustavo Morales, ex superintendente de salud y actual consultor del sector, dijo que “o hay una crisis y entonces es claro que se requiere un cambio, o no hay una crisis sino una situación que amerita reformas y correcciones dentro de una estructura general sobre la cual se puede construir. Esas son las dos opciones lógicas. Pero, lo que no tiene ninguna lógica es que llegue un nuevo gobierno a crear una crisis donde no la hay para propiciar su agenda ideológica”.
La Acemi calcula que se requieren al menos 76 billones de pesos (unos 17.162 millones de dólares) para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y 4,88 billones de pesos (1.102 millones de dólares) para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios.
