jueves, marzo 28, 2024
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Acción popular contra fallo de contraloría por hidroituango

Ante el Tribuna Administrativo de Cundinamarca, José Hilario López, La Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia y el sindicato de profesionales de EPM (Sinpro) interpusieron una acción popular que busca detener el proceso de sanción en contra de los constructores de Hidroituango.

El fallo en segunda instancia de la Contraloría emitido el pasado 25 de noviembre y que condena a 25 personas entre naturales y jurídicas al pago de 4,3 billones de pesos por el detrimento patrimonial generado a causa de la falla en el túnel de desvío del rio y que provocó una emergencia que generó retrasos y riesgos en la construcción del proyecto, aún no esta en firme.

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Para que este fallo quede en firme es necesario que se informe al Consejo de Estado y que se publiquen en el boletín de inhabilidades a los condenados, este proceso aún no se ha surtido y es por esto que los accionantes de la acción popular, dentro de las pretensiones presentadas solicitan que estos pasos no se lleven a cabo, por ahora.

La acción popular pretende que el fallo de la contraloría no se haga efectivo hasta que la hidroeléctrica de ituango no este al 100% y se haya puesto en funcionamiento.

Dentro de las pretensiones, los accionantes solicitan al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se declare que la Contraloría a través del fallo confirmatorio, puso en riesgo los derechos colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa por no respetar la función administrativa, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea oportuna y eficiente, entre otros.

El documento de demanda, también pone en evidencia el hecho de que la determinación perjudica la finalización de las obras y el retraso de las mismas, lo que no genera ningún beneficio para EPM, sino todo lo contrario, un perjuicio por el no cumplimiento de los cronogramas pactados.

La acción popular presentada, dentro de los argumentos, cuestiona varios de los puntos resultantes del fallo de la Contraloría, como es el hecho de haber vinculado a MAPFRE como tercero civilmente responsable, lo que puede generar el no pago del seguro, o que la aseguradora deba continuar haciendo los pagos, pero ya no a EPM para que sean destinados a la finalización del Proyecto Hidroituango, sino a la Alcaldía de Medellín como propietario de EPM, o a la Gobernación de Antioquia como máximo socio del Proyecto.

El cambio de contratistas, según los expertos, generaría un retraso en las obras de 6 a 12 meses, y esta es la razón principal por la cual EPM decidió prepagar el crédito que tenía con el BID.

Se resalta en el documento, que el fallo de la contraloría no tuvo en cuenta que la aseguradora ya se encuentra pagando y que los desembolsos que ha realizado cubren el monto establecido en la condena.

Dentro de los argumentos expuestos por los accionantes para la presentación de la acción judicial se encuentra que hacer efectivo el fallo en este momento, y teniendo en cuenta el retraso en las obras que esto generaría, EPM podría perder por ejecución de garantías y la no puesta en funcionamiento del proyecto, un monto de 5,5 billones de pesos, evidentemente superior a los 4,3 billones que se pretenden recuperar y que estaban amparados en la póliza todo riesgo.

El fallo pone en riesgo la generación de energía, a los habitantes aguas abajo, ya que de continuar utilizando el vertedero, éste se puede desestabilizar, a EPM como empresa social del Estado y en general a los usuarios del servicio.

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