El abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, en su calidad de presidente del movimiento “Defensores de la Patria”, presentó un derecho de petición ante la Mesa Directiva del Senado de la República en el que solicita que, con base en el artículo 23 de la Constitución, se tramite ante las instancias médicas correspondientes una evaluación del estado de salud del presidente Gustavo Petro Urrego.
En el documento, sustentado jurídicamente y firmado también por Germán Calderón España como director de asuntos constitucionales del movimiento, se pide que se active el procedimiento previsto en el artículo 326 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992), que establece los mecanismos para declarar “incapacidad física permanente” del presidente de la República.
“Los informes médicos y el cuadro sintomático certificado, autorizan al Senado para declarar en estado de incapacidad física permanente al Presidente de la República”, señala el texto citado por el movimiento, en el que también se recuerda que la certificación médica debe ser expedida por tres expertos designados por la Academia de Medicina, la Federación Médica y el Tribunal de Ética Médica.
Como base de su solicitud, De La Espriella menciona la intervención del presidente Petro durante el Consejo de Ministros celebrado el pasado 15 de julio, asegurando que “divagó en varios temas, no conectó sus ideas, y mostró signos evidentes de deterioro”.
El documento también recoge jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el consumo de sustancias psicoactivas y el derecho a la salud, indicando que la adicción a estas sustancias puede generar una afectación considerable en el sistema nervioso y la autonomía de quien la padece, razón por la cual el Estado tiene la obligación de garantizar atención médica integral.
La petición incluye tres puntos concretos:
A. Solicitar a las entidades médicas pertinentes la elaboración de un informe médico y del cuadro sintomático certificado del estado de salud del presidente Gustavo Petro Urrego.
B. Que, de considerarse justificada la información médica, se inicie el trámite para declarar el estado de incapacidad física temporal o permanente del mandatario.
C. Informar a la vicepresidenta de la República una vez oficializada dicha declaración.
El movimiento señala que esta acción se realiza “en aras de defender la salud de nuestra República y de su conductor”, y por el impacto que una eventual incapacidad presidencial podría tener en las relaciones internacionales y en la estabilidad del país.
