Tanto en Colombia como en América Latina se ha registrado un incremento alarmante del acoso judicial y/o litigioso a periodistas, medios de comunicación, usuarios de redes sociales, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil. Según el último informe de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP), los casos que atentan contra las libertades de expresión y prensa se han incrementado constantemente en años recientes. En 2017 hubo catorce casos registrados, en 2018 se contaron 38 y en 2019 ya eran 66.
Este vertiginoso aumento no solo atenta contra quienes difunden información de interés público, sino que se convierte en un mecanismo que busca limitar estructuralmente los alcances de la discusión pública de cara a las necesidades de la comunidad.
Preocupado por esta problemática, el Senador y Precandidato Presidencial Rodrigo Lara decidió trabajar, junto a Ana Bejarano y el grupo profesional El Veinte, en una iniciativa a la que se sumaron senadores de todas las bancadas con el ánimo de establecer en Colombia un marco regulatorio que desincentive las demandas de carácter civil que impliquen acoso judicial. Este proyecto legislativo acaba de ser votado afirmativamente en su primer debate en Comisión Primera del Senado y continúa su trámite a la Plenaria del Senado.
La iniciativa responde a corrientes “anti-SLAPP” (por la sigla en inglés que corresponde a Strategic Lawsuit Against Public Participation, “litigio estratégico contra la participación pública” en español) y refuerza las garantías a los periodistas y medios de comunicación con el fin de que puedan llevar a cabo su trabajo de control social con plenas garantías.
“¿A qué le teme un corrupto? ¿A qué le teme un mafioso? A quien se atreva a enfrentarlo y exponerlo públicamente. Nosotros debemos proteger del acoso judicial a quienes denuncian”, puntualizó el Precandidato Presidencial Rodrigo Lara.
Cabe aclarar que dentro de las definiciones y las instancias que pretende introducir el articulado en el sistema judicial no se da una protección infalible. Cuando el periodista, líder social o influenciador acuse sin fundamento y con ello atente contra el buen nombre de una persona, seguirá incurso en el delito consagrado como calumnia o injuria.
A la fecha entre 5 o 6 requerimientos se han presentado en Medellín por parte de miembros de la alcaldía contra varios periodistas.
