Por:Jorge H. Botero
Los recientes episodios de violencia en el Caguán y el Bajo Cauca demuestran que tanto el diagnóstico como la estrategia de paz están equivocados.
Aquí se ha sostenido que no existe en Colombia un conflicto armado interno derivado de situaciones de pobreza y marginalidad social que habría que superar mediante negociaciones con unos grupos a los que se considera, con mucha laxitud, revolucionarios, y de reglas de « acogimiento » para que otras pandillas desistan de sus actividades criminales.
Esos reprochables eventos confirman nuestra teoría. El supuesto «cerco humanitario» contra un contingente policial fue una operación ordenada por un grupo fariano para castigar a una compañía petrolera refractaria a seguir pagando extorsiones. Las protestas en el Bajo Cauca son una fachada para evitar que el gobierno actual ¡vaya ironía! haga lo que pasados gobiernos debieron hacer y no hicieron: destruir la maquinaria amarilla que usan los mineros ilegales causando daños ambientales gigantescos.
Un viejo principio romano nos enseña que «si quieres la paz, prepárate para la guerra». Aplicando este principio ha sido usual que cada nuevo gobierno elabore, al comienzo de su mandato, un documento de seguridad nacional que identifique riesgos y estrategias. En su preparación han confluido las visiones del estamento castrense y de los expertos civiles; una vez adoptado, su difusión entre la oficialidad le sirve de norte en sus actuaciones. Sorprende que el actual gobierno no haya expedido el suyo. Esta omisión debería subsanarse con prontitud; a punta de trinos no se construye una política.
En el momento actual sería necesario tener en cuenta que la guerra fría es cosa del pasado, que la actual en Ucrania, si bien tiene consecuencias adversas sobre nosotros, no genera riesgos militares; que la posibilidad de una confrontación con Venezuela, si alguna vez existió, ha desaparecido; que el aniquilamiento militar de las Farc es un hecho irreversible; y que para combatir los grupos armados que hoy proliferan en ciertas zonas del territorio se requieren capacidades mejores y distintas de las que tenemos.
En realidad, padecemos un conjunto de graves problemas de seguridad que derivan de una criminalidad desbordada y huérfana de móviles políticos creíbles. Para enfrentarlos requerimos una fuerza pública diferente en lo que tiene que ver con los cuerpos que la componen y con el tipo de armas a su disposición. No necesitamos fragatas, submarinos, aviones de combate, artillería pesada, pero sí lanchas rápidas, helicópteros y mucho armamento ligero. Igualmente, una fortaleza mayor para combatir asonadas, actos terroristas y vandálicos; y unos organismos de inteligencia focalizados en los grupos delincuenciales organizados y sus aliados en el exterior.
El estamento militar de Colombia tiene cerca de 300 mil integrantes, solo superado en América Latina por Brasil. Esta cifra es claramente excesiva para un país cuya soberanía no está amenazada. Nuestras fuerzas policiales no son pequeñas, 165 mil hombres aproximadamente. El gran reto consiste en realizar una reconversión paulatina: necesitamos mucho menos soldados y bastante más policías.
Si tuviere razón en la hipótesis de la que parto -la inexistencia de un conflicto armado interno- negociar con los elenos y los reductos farianos no tiene sentido. Por el contrario, habría que desmantelarlos para liberar a la población civil de la que abusan y hacer posible que la política social del Estado llegue a esas regiones deprimidas. No obstante, es preciso señalar los complejos problemas que habría que afrontar si acaso las negociaciones en curso llegaren a fructificar.
Las instituciones que se pactaron por la administración Santos con las Farc – garantía de no extradición, Jurisdicción Especial de Paz. Comisión de la Verdad, amnistías para los desmovilizados, etc.- versan, exclusivamente, sobre ese grupo armado y dentro de unos límites temporales que ya transcurrieron. Como ellos fueron incorporados a la Constitución, sería preciso modificarla de nuevo para albergar nuevos grupos. ¿Habría respaldo político para hacerlo, más aún si se advierte que el ELN lo que busca es la refundación de la República, y que los farianos ya tuvieron su oportunidad? Las negociaciones en curso transcurren de manera separada. ¿Confluirán más adelante en una sola para evitar reglas diferentes para cada uno de esos grupos?
La Constitución dispone que «En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable». Esto significa que quienes eventualmente sean condenados por la JEP, (que hasta ahora no ha condenado a nadie) podrían pedir la revisión de sus sentencias si consideran que las nuevas normas -las que se pacten con elenos y disidentes farianos- les resultan más favorables. ¿Tiene conciencia el gobierno de esta indeseable posibilidad? ¿Cómo la juzgaría, si ocurriera, la Corte Penal Internacional?
De otro lado, la ley de Paz Total dispuso que el cumplimiento de los eventuales acuerdos de paz, «será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de común acuerdo designen las partes». Esto significa, ni más ni menos, que los signatarios de esos documentos bien podrían excluir a las autoridades previstas en la Carta de esas tareas de verificación. ¿Dejará la Corte Constitucional abierta esta tronera contra nuestras instituciones?
Toca repetir esta obviedad: todos los carteles criminales que hemos desmantelado han sido sustituidos por otros; todos los capos neutralizados de inmediato han encontrado reemplazo. ¿Qué hace pensar al gobierno que su política logrará algo diferente? La terca política represiva de ciertas sustancias, que los seres humanos
Hemos consumido desde los albores de la historia, es la causa de la violencia que padece Colombia. No un imaginario conflicto político. Ni la mano dura ni la tendida, que ambas hemos intentado, resolverán el problema. La solución no está en la erradicación, sino en la negociación. Y no con las «guerrillas» y clanes sino en Naciones Unidas.
Una vez escrita esta columna, me entero de que el presidente ha dado la orden de reactivar las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Era inevitable.
Bienvenidos a la «paz semi total».
Briznas poéticas. Dice José Emilio Pacheco: « ¿En dónde está lo que pasó / y qué pasó de tanta gente? / A medida que avanza el tiempo / vamos haciendo más desconocidos. / De los amores no quedó ni una señal en la arboleda. / Y los amigos siempre se van. / Son viajeros en los andenes».
