En un movimiento sorpresivo y decisivo dentro del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una inspección al Congreso de la República.
Esta acción, ordenada por el magistrado Francisco Farfán, busca recolectar documentos y pruebas que involucran a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes involucrados en el caso.
La diligencia de inspección judicial se centra en las oficinas de las presidencias de la Cámara y del Senado, así como en las Comisiones Económicas de ambas cámaras.
Los delegados de la CSJ están recolectando actas, documentos y listas de votación de las sesiones en las que se discutieron y votaron las reformas sociales del Gobierno. Esta inspección tiene como objetivo identificar posibles irregularidades y pruebas que puedan sustentar las denuncias de presunta compra de votos.
El escándalo de la UNGRD ha sacudido el panorama político colombiano, con graves acusaciones de corrupción que señalan la compra de congresistas para asegurar la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno. En el centro de estas acusaciones se encuentran el senador Iván Name y el representante Andrés Calle, quienes presuntamente habrían recibido $4.000 millones de pesos para favorecer las iniciativas gubernamentales.
La inspección ordenada por el magistrado Farfán se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por parte de la CSJ para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
La recolección de documentos y actas de votación es crucial para entender cómo se gestionaron las reformas y quiénes participaron en el supuesto esquema de compra de votos.
La CSJ continuará avanzando en el caso con la recolección de documentos y pruebas esenciales para esclarecer las denuncias de corrupción y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
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